Malvinas: excombatientes demandaron a petroleras británica e israelí para frenar el proyecto Sea Lion
El CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas acudieron a la Justicia Federal de Río Grande para intentar suspender el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Reclaman detener las obras, las perforaciones y el financiamiento del emprendimiento que prevé comenzar a producir petróleo en 2028.
La acción judicial fue presentada contra Rockhopper Exploration, empresa británica, y Navitas Petroleum, compañía de origen israelí que actualmente controla el 65% del proyecto. Rockhopper mantiene el 35% restante. El planteo busca que la Justicia intervenga antes del inicio de las perforaciones previstas para 2027.
Qué reclama la demanda
El CECIM y AAdeAA sostienen que el desarrollo de Sea Lion avanza sobre la plataforma continental argentina sin contar con autorización de las autoridades nacionales ni con una Evaluación de Impacto Ambiental realizada ante el Estado argentino. También cuestionan que las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas puedan reemplazar la legislación argentina.
La presentación incorpora además un argumento vinculado con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Las organizaciones consideran que una explotación petrolera de gran escala durante décadas implicaría una modificación unilateral de la situación existente mientras continúa la disputa entre Argentina y Reino Unido, en contradicción con la Resolución 31/49 de Naciones Unidas.
Los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender obras, perforaciones y movimientos del lecho marino. También pidieron impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias, pagos y garantías destinados a financiar el proyecto, además de identificar a bancos, fondos, aseguradoras y otros actores vinculados con su financiamiento.
Cómo avanza el proyecto Sea Lion
Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. La primera etapa contempla 23 pozos submarinos: 16 productores, seis para inyección de agua y uno para inyección de gas, junto con infraestructura submarina y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO.
Las empresas mantienen como objetivo comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028. Rockhopper informó que actualmente avanzan trabajos en el muelle y la base terrestre, infraestructura de alojamiento y otros preparativos para la llegada del equipo de perforación, mientras que la perforación está prevista para comienzos de 2027.
A fines de agosto, además, Rockhopper confirmó que Navitas ejerció la opción para adquirir una segunda FPSO, denominada OSX-1. La operación tendría un costo aproximado de US$125 millones, sin incluir las tareas de actualización, y permitiría acelerar el desarrollo de nuevas áreas del yacimiento. Esta segunda etapa contempla potencialmente otros 38 pozos y una capacidad adicional de producción de hasta 125.000 barriles diarios.
La posición del Gobierno argentino
La Cancillería argentina ya había rechazado la denominada Decisión Final de Inversión anunciada por Rockhopper y Navitas para desarrollar Sea Lion. El Gobierno sostuvo que las empresas no cuentan con los permisos de la autoridad argentina competente y cuestionó el avance del proyecto en la Cuenca Malvinas Norte.
La demanda judicial incorpora así dos ejes centrales: la protección ambiental del Mar Argentino y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. Ahora será la Justicia Federal de Río Grande la que deberá analizar el pedido de suspensión presentado por los excombatientes y los abogados ambientalistas.