DNU de Milei: las claves de la expulsión de extranjeros y las dudas
El decreto amplía las causales para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio o agravien a la Argentina. La medida ya abrió un debate sobre sus alcances y su aplicación.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurece la política migratoria argentina al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y, según el Ejecutivo, busca responder a una supuesta «campaña anti Argentina» registrada en las últimas semanas.
La norma modifica la Ley de Migraciones e incorpora como motivo de inadmisión o expulsión la difusión o incitación de «mensajes de odio, discriminación o violencia» contra Argentina, los argentinos o personas por su nacionalidad. También alcanza a quienes ultrajen los símbolos patrios o promuevan acciones consideradas lesivas para la identidad nacional.
Qué cambia con el nuevo DNU
Hasta ahora, la legislación contemplaba principalmente la expulsión de extranjeros por delitos penales, permanencia irregular o razones vinculadas a la seguridad nacional. Con el nuevo decreto, el Gobierno amplía esas causales e incorpora conductas relacionadas con expresiones públicas y manifestaciones que puedan ser consideradas discriminatorias o de incitación al odio por razones de nacionalidad.
La disposición alcanza tanto a quienes pretendan ingresar al país como a extranjeros que ya residan en Argentina, ya que la residencia podrá ser cancelada si la autoridad migratoria considera que se configura alguna de las nuevas causales previstas por la norma.
Las dudas que genera la medida
Uno de los principales interrogantes es cómo se aplicarán los nuevos criterios y qué organismo determinará cuándo una expresión constituye un «mensaje de odio» o un agravio suficiente para justificar una expulsión.
Especialistas en derecho consultados por distintos medios señalaron que algunos conceptos utilizados por el decreto son amplios y podrían dar lugar a interpretaciones diferentes según cada caso, lo que podría derivar en futuras presentaciones judiciales para definir su alcance.
Otro punto que genera discusión es el equilibrio entre la potestad del Estado para controlar su política migratoria y las garantías vinculadas a la libertad de expresión, especialmente cuando las manifestaciones sean de carácter político, académico o ideológico. El Gobierno sostiene que esas expresiones continúan protegidas y que la norma apunta exclusivamente a conductas que promuevan violencia, discriminación o ataques contra la Nación y sus ciudadanos.
Por qué el Gobierno impulsó el decreto
La Casa Rosada justificó la decisión al sostener que existió una «campaña anti Argentina» luego de distintas polémicas internacionales registradas en los últimos días. En ese contexto, el Ejecutivo consideró necesario reforzar las herramientas migratorias para impedir el ingreso o disponer la expulsión de personas que incurran en ese tipo de conductas.