Desafíos económicos y políticos que impone el plan de retiros voluntarios del Estado

El plan está pensado para aquellas personas que estén próximas a jubilarse y que quieran dejar el Estado. Aunque también podrán acceder los que deseen emprender en la actividad privada.

Si hubiera que clasificar la administración Orrego desde el punto de vista económico, podemos decir sin equivocarnos que es heterodoxa. Busca leyes que en algún punto implican una regulación como la de Desarrollo Minero, que viene a llenar un vacío que existía y que servirá para el crecimiento sólido de la industria. Pero, por otro lado, piensan abrir —a fin de año— un retiro voluntario para empleados estatales y así achicar el número de trabajadores públicos, una suerte de motosierra light.

Es entendible y hay que tener claro el rumbo para plantear la disminución de la planta de personal del Estado provincial, debido a que pasó de 36 mil personas a 50.000 entre los cuatro años que van desde 2019 al 2023, son 14 mil más. La decisión está tomada, pero faltan definiciones todavía. Conceptualmente, tienen claro que el Estado no da para más. “Tenemos que entender que en la actividad pública ya no podemos, ya hay muchos empleados, está sobredimensionada en cierta forma y tenemos que buscar otro camino, que es la actividad privada”, dijo el vicegobernador Fabián Martín cuando se conoció la noticia.

El plan está destinado, entre otros, para aquellas personas que estén próximas a jubilarse y que quieran dejar el Estado. Pero Martín dio otra pista cuando afirmó que también podrán sumarse los que tengan vocación emprendedora y quieran avanzar en una actividad privada.

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De esa manera responden en el Gobierno cuando se pregunta si el sector privado está en condiciones de darle empleo a los trabajadores públicos que dejen de trabajar en el Estado. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de números fríos; sabemos que no todos los que dejen su empleo estatal estarán en condiciones de trabajar en la minería o en otros rubros del sector privado.

Hay proyecciones que indican que el Producto Bruto Geográfico (PBG) de San Juan, que hoy ronda los 7.500 millones de dólares, llegará en cinco años a unos 11.000 millones de dólares. Ese incremento se deberá mayormente a las inversiones mineras anunciadas. Hoy la provincia tiene casi 15.000 desocupados y, por el incremento del PBG, esa cifra irá descendiendo año a año debido a que consideran que se crearán unos 4.000 empleos anualmente, llegando así al 2031 a no tener desocupados prácticamente en San Juan. De ahí salen esos 12.500 puestos de trabajo que se crearían y que, según entienden, servirán para captar a los estatales que adhieran al retiro.

Pero, más allá de las especulaciones, los deseos y las proyecciones, hoy hay una realidad que impide esperanzarse con las bondades del sector privado. La semana pasada nos enteramos de que la actividad económica creció en un año solo un 0,2 por ciento. ¿Vamos bien o vamos mal? Y… en mayo de 2025, el crecimiento anual de la actividad económica era del 6,1%.

Más allá de los imponderables económicos, la administración provincial cuenta también con aristas políticas que impactan de lleno en el plan de retiro. Están los que dicen que probablemente no se implemente en diciembre el retiro voluntario y quede para ejecutar en un eventual segundo mandato del gobernador Orrego. Es que muchos entienden que debería haber tomado esa medida durante los primeros meses de su gestión, durante “la luna de miel”. Ahora todo es más difícil, más con una derrota electoral en las elecciones de medio término.

No será fácil hacer campaña sabiendo que el Estado provincial tiene que desprenderse de 10.000 personas; la oposición podría usar el dato a su favor. Además, todo indica que el efecto “motosierra” de Javier Milei todavía no le ha reportado grandes ventajas en los ingresos del ciudadano común. Por eso mismo nadie sabe si todavía es beneficioso salir a decir que hay que seguir ajustando; no está claro si el mismo relato aguanta otra campaña. Esta semana la consultora QSocial publicó una encuesta en la que señalan que el 50% de los consultados no tienen resto para esperar los beneficios que deberían haber llegado con las medidas económicas que implementa el presidente.

Otro imponderable son las contrataciones que harán las mineras. Si bien el gobernador Orrego avanzó con la ley para priorizar que se contrate a empresas de servicios, proveedores y trabajadores de San Juan, hay obras que será difícil que sean realizadas por empresas locales por la envergadura de las mismas. Eso también conspira contra la absorción de los 10.000 puestos de trabajo.

Más allá del recorte y de mirar la cantidad de empleados públicos que tiene San Juan, que está bien como primer paso, también tendrán que tener en cuenta la eficiencia y la calidadde los servicios que presta el Estado sanjuanino; más allá de la cantidad de empleados. Y en este punto no hay una relación directa: no siempre con más gente se prestan mejores servicios, tampoco con menos personas se garantiza eficiencia y calidad. El desafío para Orrego es enorme.