Cómo son los créditos para viviendas que proyecta lanzar el Gobierno de San Juan
El nuevo esquema formará parte del paquete de financiamiento impulsado por Marcelo Orrego y apunta a un sector que suele quedar fuera tanto de los planes habitacionales como de los créditos hipotecarios.
En San Juan hay miles de familias que ya resolvieron una de las barreras más difíciles para acceder a la vivienda: conseguir un terreno. Sin embargo, para muchas de ellas el verdadero desafío comienza después. Tener un lote no garantiza poder construir una casa y, en la mayoría de los casos, reunir los recursos necesarios para iniciar una obra resulta tan complejo como acceder a una vivienda terminada.
Es justamente sobre esa realidad donde el Gobierno provincial busca intervenir con la reactivación de la Operatoria Individual del IPV, una herramienta que podría regresar de la mano del proyecto de financiamiento que actualmente analiza la Cámara de Diputados.
Dentro del paquete de obras y programas presentado por el gobernador Marcelo Orrego, uno de los capítulos está destinado a la vivienda. Allí aparece la intención de generar recursos para financiar 1.000 proyectos habitacionales, destinados a familias que cuentan con un terreno propio y necesitan asistencia económica para construir.
La propuesta representa un cambio de enfoque respecto a las políticas tradicionales del IPV. Mientras la mayor parte de la atención suele concentrarse en la construcción de barrios, esta modalidad apunta a quienes ya tienen un lote y necesitan apoyo para transformar ese espacio vacío en una vivienda.
La directora del IPV, Elina Peralta, explicó que el interés por esta herramienta nunca desapareció. De hecho, aseguró que las consultas continúan llegando de manera permanente. Según señaló, «hemos tenido consultas acerca de la Operatoria Individual ya que es una gran posibilidad para las familias que pudieron acceder a un lote o lo heredaron y que cuenta con escritura y acceso a servicios».
La funcionaria reconoció además que el programa es una de las demandas más frecuentes que recibe el organismo. «La gente quiere que regresen», afirmó, aunque aclaró que la posibilidad de ponerlo nuevamente en marcha dependerá del financiamiento que logre obtener la provincia. En ese sentido, remarcó que la intención es trabajar para que la operatoria pueda volver durante 2026.
La importancia del programa también está vinculada a una realidad que atraviesa el sistema habitacional sanjuanino. Actualmente existen más de 100.000 familias inscriptas en el IPV, una demanda que excede ampliamente la capacidad anual de construcción de viviendas. Por eso, las autoridades consideran que ofrecer alternativas complementarias puede ayudar a ampliar las respuestas.
Peralta explicó que muchas personas no reúnen las condiciones necesarias para acceder a un crédito hipotecario tradicional o simplemente prefieren no asumir ese tipo de compromisos financieros. Según indicó, «esta posibilidad del IPV era de gran ayuda para construir la vivienda propia», permitiendo que numerosas familias avanzaran con proyectos que de otra manera habrían quedado postergados.
La eventual reapertura de la operatoria también llegaría con modificaciones. Una de las más importantes apunta a que el IPV pueda financiar el 100% de la construcción de viviendas estándar de hasta 70 metros cuadrados, dejando atrás el sistema anterior que cubría solo una parte del costo total y obligaba a los beneficiarios a conseguir recursos adicionales para terminar la obra.
En paralelo, el Gobierno analiza establecer un límite de hasta 150 metros cuadrados por vivienda, además de priorizar a quienes no cuentan con capacidad económica suficiente para construir por sus propios medios.
El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que el esquema proyectado contempla alrededor de 1.000 créditos y que actualmente se trabaja en la actualización de los montos. Las estimaciones preliminares hablan de financiamientos cercanos a los 98 millones de pesos por vivienda, aunque los valores finales dependerán de la aprobación legislativa y de las condiciones de los préstamos que obtenga la provincia.
Otra novedad es que la adjudicación ya no sería por el mecanismo utilizado en etapas anteriores. La propuesta prevé realizar sorteos públicos, con el objetivo de transparentar el acceso y garantizar igualdad de oportunidades entre los postulantes.
Además, el proceso estaría acompañado por la implementación del Sistema Integral de Obra Pública (SIGOP), una plataforma digital que permitirá realizar inscripciones, consultar expedientes y seguir el avance de cada proyecto.