Adorni declaró USD 513.000 en Bitcoin para justificar su patrimonio ante la Justicia
El jefe de Gabinete presentó su informe contable ante la Oficina Anticorrupción para justificar el fuerte salto en su nivel de vida y frenar el avance de la causa judicial que investiga sus gastos en efectivo y movimientos en billeteras virtuales.
En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó formalmente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El documento contable introduce una llamativa justificación para el fuerte incremento de su nivel de vida en los últimos años: el funcionario declaró haber ganado 513.000 dólares mediante operaciones con Bitcoin.
La presentación, que había sido largamente anticipada por el Ejecutivo como la clave para disipar las dudas sobre su situación financiera, incluye además rectificaciones sobre el patrimonio de su entorno familiar que se remontan hasta el año 2020. De esta manera, la defensa técnica de Adorni busca justificar de manera retroactiva el origen de los fondos utilizados en diversas transacciones en efectivo que quedaron bajo la lupa de la Justicia Federal.
El frente judicial del funcionario se había complicado en los últimos meses tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal ordenado por el fiscal Gerardo Pollicita. En esa instancia, los peritajes detectaron movimientos de fondos sustanciales mediante billeteras virtuales y plataformas de pago durante 2024 que no figuraban en sus informes patrimoniales previos, lo que derivó en sospechas sobre la trazabilidad de sus activos.
Asimismo, la investigación penal sumó declaraciones testimoniales clave, como la del contratista a cargo de las refacciones de su propiedad en el country Indio Cuá, quien declaró bajo juramento haber recibido pagos por 245.000 dólares en efectivo y sin facturar. Con la incorporación de este millonario ingreso en criptoactivos y la reestructuración de sus declaraciones pasadas, Adorni apunta a neutralizar las inconsistencias señaladas por los peritos de la DAFI y evitar un inminente requerimiento de justificación patrimonial por parte del juzgado.